Desde que en agosto de 1944 naciera el «Seguro de Enfermedad», del Instituto Nacional de Previsión, los trabajadores pensionistas de este país han tenido gratuidad en el suministro de medicamentos. Los trabajadores activos, con independencia del nivel de retribución salarial, se les cobraba el 40 % del PVP de los medicamentos, salvo que se tratara de enfermedades crónicas.
Este año, sin apenas contestación social, ha llegado o está llegando el co-pago farmacéutico a todas las Comunidades Autónomas. Este sistema, tal y como está diseñado, divide a los trabajadores, tanto pensionistas como activos, según su nivel de renta, y éste queda reflejado en la receta a presentar en la farmacia, de modo que el farmacéutico titular, sus adjuntos y auxiliares, pueden y «deben» conocer, en su caso, la situación económica de esa persona. Este diseño creo que vulnera la Ley de Protección de Datos Personales salvo que el paciente expresamente dé su autorización a la farmacia.
¿Te parece lógico que todo el equipo que trabaja en tu farmacia habitual conozca tu situación económica?